ASCANIO CAVALLO

El caso Karadima se ha transformado en el esfuerzo de transparencia más dificultoso, pesado y desgarrador que haya vivido la Iglesia chilena. A fines de los 60, el cardenal Raúl Silva Henríquez removió nada menos que a uno de los obispos auxiliares de Santiago y sólo se enteró un minúsculo grupo de sacerdotes y colaboradores. Hoy, el mismo Arzobispado se siente asediado por el escrutinio público.

Avanza, sin duda, en el proceso de transparencia. Pero ¡cuánto le cuesta! Posiblemente, está sufriendo los dolores del parto de una nueva era, como ya los ha sufrido en otras latitudes.

Uno de los efectos más resonantes del proceso ha sido la salida del cargo de vice gran canciller de la Universidad Católica de Andrés Arteaga, también obispo auxiliar de Santiago. Después de emitir una declaración pública en la que declaraba su adhesión al fallo vaticano contra Karadima, Arteaga recibió el respaldo del arzobispo Ricardo Ezzati y el apoyo aún más entusiasta del rector Ignacio Sánchez. Pero en menos de una semana debió dejar el cargo.

En círculos de la UC hay cierta extrañeza por la evolución del caso. Arteaga era apreciado por buena parte de la comunidad académica, la Feuc le agradecía sus gestiones en las becas para alumnos de escasos recursos (aunque tras su declaración pública le fue a informar que había perdido la confianza en él) y el rector valoraba su compromiso personal y académico con la institución. También es verdad que el obispo fue la pieza clave en el comité de selección que eligió a Sánchez para la rectoría.

Pero hasta el primer fin de semana de marzo, parecía que Arteaga conservaría su cargo en la UC. Así lo creía el rector, según se desprende de esa denuncia, de dudosa prudencia, respecto de una "campaña" contra el obispo. En la semana previa, la Iglesia de Santiago se recogió en su retiro anual en Punta de Tralca, en el que participaron el mismo Arteaga y unos 90 sacerdotes de la arquidiócesis, incluidos algunos miembros de la Pía Unión de la parroquia El Bosque.

Lo que pasó en las horas del fin de semana posterior sólo lo sabe el arzobispo Ezzati. Pero el lunes 7 en la mañana avisó a las autoridades de la UC que Arteaga dejaría su cargo, con lo que el rector debió pedir unas horas para informar a sus académicos. Ezzati utilizó finalmente la fórmula versallesca de "aceptar la renuncia", una elegancia que sorprendió a todos. Cercanos a Arteaga aseguran que el obispo nunca presentó renuncia alguna, al menos de forma explícita.

Hay dos cosas adicionales en estos hechos que ya no es posible ocultar. La primera: la posición de Arteaga como obispo auxiliar de Santiago ha quedado severamente dañada luego de su defenestración en la UC. Las causas son las mismas, pero el efecto es distinto luego de que una institución ya ha reconocido el sesgo negativo de la presencia del obispo sobre su prestigio. Aunque la Arquidiócesis es una comunidad más amplia y difusa que la de la UC, el daño es inevitable. ¿Duro, salvaje, tremendo? Sí. También.

La segunda cosa es que la fraternidad del Episcopado está trizada. En realidad, esta es una aspiración corporativa que nunca ha sido demasiado real. Las diferencias entre los obispos, y también entre las comunidades sacerdotales que encabezan, han existido siempre, con mejor o peor disimulo. Basta recordar la forma en que las utilizó el régimen militar para hostilizar a los obispos que no le simpatizaban.

Esta vez no hay ningún gobierno que intervenga. Lo que hay es una profunda discrepancia respecto de la función de la Iglesia en la sociedad, diferencia a veces táctica y otras veces estratégica (dos malas palabras en ese ambiente), que el caso Karadima ha venido a agudizar y enervar. En círculos próximos a la parroquia El Bosque se culpa de la mala situación de Arteaga al obispo de Los Angeles, Felipe Bacarreza, un ex miembro de la comunidad de Karadima que rompió con ella y con Arteaga hace más de 20 años (aunque nunca lo ha dicho) y al que se conoce más por sus refutaciones al sacerdote Felipe Berríos que por la transparencia de sus vínculos con la Pía Unión Sacerdotal. Otros de los defensores de Arteaga consideran "significativo" que otro obispo auxiliar de la capital, Cristián Contreras, escogiese asistir al retiro anual en Concepción y no en Punta de Tralca. Bacarreza y Contreras son obispos a los que se atribuyen relaciones de privilegio en la Curia romana.

Todo esto puede ser pura especulación y conspiración, pero no son pocos los que, estando metidos en el torbellino Karadima, las expresan con una convicción que parecía olvidada. Más que establecer hechos, describen el clima en que, tratando de mantener el secreto -los dolores del parto-, se encuentra sumida la Iglesia.

Como confirmación de ese hecho, en los últimos días han surgido otros defensores de Arteaga. Estos son los sacerdotes que, habiendo apoyado su salida de la UC, consideran altamente injusto que sea convertido en la gran pieza expiatoria del caso Karadima.

Ellos son críticos del hecho de que el Vaticano haya preferido un procedimiento administrativo en vez de un juicio canónico para condenar al párroco de El Bosque, porque de esa manera las responsabilidades se limitan al culpable directo y liberan a quienes lo encubrieron. Sus contradictores dicen que un juicio canónico habría terminado con la destitución del sacerdocio y la liberación civil, para Karadima, de seguir en contacto con su comunidad. La pena actual se parecería a un grillete. Tanto en una posición como en la otra se reconoce que el modelo seguido es el de Marcial Maciel, el superior de los Legionarios de Cristo, que terminó muriendo en un olor bien distante al de la santidad.

Pero el clero crítico afirma que en la Iglesia, como en otras instituciones verticales, no es posible sostener tres décadas de abusos sin algún grado de connivencia, por acción o principalmente por omisión, de los superiores.

Y en esto, nuevamente, es inocultable que las miradas se dirigen a la década de gestión del cardenal Francisco Javier Errázuriz al frente de la Iglesia de Santiago, pero también a los dos cardenales de la Curia vaticana mejor informados sobre el país, el chileno Jorge Medina y el jubilado secretario de Estado Angelo Sodano, ambos auspiciadores de Karadima en sus años de mayor gloria y liderazgo, que debieron ser los mismos de las pesadillas de sus víctimas. ¿Exceso, venganza, vuelta de tortilla, todas las anteriores?

Nadie puede asegurarlo. La opacidad resiste con bravura el avance de la transparencia. Y con dolor, claro.